Boletín ADECAZA nº 4.

Primero cogieron a los comunistas,
y yo no dije nada porque yo no era un comunista.
Luego se llevaron a los judíos,
y no dije nada porque yo no era un judío.
Luego vinieron por los obreros,
y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista.
Luego se metieron con los católicos,
y no dije nada porque yo era protestante.
Y cuando finalmente vinieron por mí
no quedaba nadie para protestar.

MARTIN NIEMÖLLER

 Este poema, que hace referencia a lo sucedido en Alemania bajo el régimen nazi,
salvando las distancias nos viene al caso, porque...

La historia de la legislación de la caza en Andalucía, desde que en 1984 se traspasaron las competencias del Estado, está jalonada de despropósitos. Ahora no vamos a detenernos en cada una de las controversias que se han suscitado en estos últimos veinte años, porque sería demasiado largo, así que nos centraremos únicamente en la actualidad y el futuro inmediato, que ya es bastante.

Los cazadores hemos esperado muchos años, con cierto grado de esperanza y cierta parte de inquietud, que la Junta de Andalucía promulgara una Ley de Caza que sustituyera a la Ley de 1970, obsoleta en muchos aspectos. Después de muchos seminarios, reuniones, borradores, propuestas, contrapropuestas, etc. dieron a luz la Ley 8/2003 de la fauna y la flora silvestres, que es la que actualmente regula la caza en el territorio andaluz. Desde nuestro punto de vista, fue el parto de los montes.

Aclaremos desde este momento que ADECAZA-ANDALUCÍA se fundó para defender y promocionar un modelo de caza entendida sólo como deporte y disfrute del tiempo libre. Un modelo de caza respetuoso con las especies y con su hábitat; un modelo basado en el concepto de sostenibilidad. Estamos contra los “negociantes de la caza” porque en la mayoría de los casos propician que se esquilmen los cotos y defendemos el modelo de caza que generalmente se practica en los cotos de los clubes de caza de nuestros pueblos.

Partiendo de esos puntos de vista, desde que se promulgó esta Ley, ADECAZA-ANDALUCÍA ha venido mostrando desde diversos medios su disconformidad con no pocas de sus determinaciones. Desde el principio, hemos venido denunciando que, en general, esta ley criminaliza al cazador; que algunas de esas determinaciones eran claramente perjudiciales para los clubes locales y el mantenimiento de sus cotos; que contiene algunos artículos que pudieran ser anticonstitucionales... En definitiva, una ley que en la práctica supone un ataque frontal al cazador modesto mientras da facilidades a los potentados y a los “negociantes cinegéticos”.

En principio, una de las cosas más chocantes de esta Ley es cómo llegó a su redacción final. Tuvimos ocasión de analizar el proyecto que el gobierno andaluz llevó al parlamento y, para sorpresa nuestra, de allí salió sensiblemente empeorado; la única explicación que fueron capaces de darnos tanto en la Consejería de Medio Ambiente como en la de Deportes, es que al final la ley se negoció de prisa y corriendo entre el representante del grupo parlamentario socialista y la Federación Andaluza de Caza sin que ambas Consejerías tuvieran ocasión de intervenir. Así pues, algunas de las barbaridades contenidas en la Ley se las debemos a “un hombre llamado Caballos” y a la FAC. De hecho, algunas de las peores enmiendas a la Ley presentadas por el propio grupo parlamentario socialista, están copiadas literalmente del proyecto de Ley de Caza de la FAC.

Veamos algunos de los aspectos más negativos de esta Ley:

CLASIFICACIÓN DE TERRENOS

En el proyecto de ley sólo se consideraba terrenos cinegéticos a las Reservas Andaluzas de Caza y los Cotos. En consecuencia, la caza quedaba prohibida en los terrenos libres. Por otra parte, la FAC también planteaba que se prohibiera la caza en los terrenos libres a no ser que se constituyeran en Zonas de Caza Controlada. Fruto de la negociación, aparece esa nueva figura en la Ley, pero todavía con consecuencias más nefastas, como veremos.

En ADECAZA-ANDALUCÍA siempre hemos creído que era necesario someter a algún tipo de regulación la caza en los terrenos libres: es incongruente que se exijan multitud de requisitos y trámites para crear y mantener un coto y que en los terrenos libres no se exigiera nada. Pero entre un extremo y otro, la solución adoptada es la peor. Porque, ¿qué define a una Zona de Caza Controlada?

1. Serán temporales.
2. Se crearán por la Consejería de M. A. cuando ésta lo considere conveniente...
3. Su gestión corresponderá a la propia Consejería o las sacará a subasta...
4. A los propietarios de los terrenos se les abonará una renta cinegética.

Así pues, no se aclara por cuánto tiempo se declararán las Zonas de Caza Controlada. Tampoco se aclara quién puede solicitar su creación. También se dejan “para después” las condiciones para la subasta, y mucho nos tememos que al final allí cazarán los que más paguen, sin entrar en otras consideraciones.

Pero el colmo de los despropósitos es el asunto de la renta cinegética que hay que pagar a los propietarios de los terrenos. Esto plantea dos serios problemas. Primero, la mayoría de los cotos titularizados por los Clubes Deportivos de Caza están formados por terrenos cedidos gratuitamente por sus propietarios. Entonces, ¿cómo se calculará esa renta cinegética?

Y  lo que es peor, nos tememos esta medida puede afectar gravemente a la integridad de los cotos de los Clubes Deportivos. Porque cuando se cree una de esas zonas en terrenos aledaños a un coto y los propietarios comiencen a percibir esa renta cinegética (sea la que sea), ¿no nos veremos obligados los clubes locales a pagar también a los propietarios de nuestros terrenos acotados antes de que insten la segregación forzosa a fin de integrarlos en la Zona de Caza Controlada?

COTOS: CLASES Y TAMAÑOS

En el Proyecto de Ley se contemplaban tres tipos de cotos: los intensivos, los privados y los deportivos, cada uno con sus características. La redacción final de la Ley contempla esos mismos tipos, pero las características del coto deportivo han cambiado sustancialmente porque el Grupo Parlamentario del PSOE ha cedido ante las presiones de la FAC. Si bien la Ley contempla una reducción del 50 % en la cuota de matriculación de los cotos deportivos, así como prioridad para estos cotos a la hora de recibir subvenciones, para constituir un coto deportivo habrá que contar con el doble de hectáreas que para uno privado, es decir 500 Ha. y 1000 Ha. respectivamente según se trate de cotos de caza menor o de caza mayor.

Entendemos que debía ser justamente al revés,  es decir, que para constituir un coto privado se exigieran el doble de hectáreas (o más) que para uno deportivo. Ni la FAC ni la Consejería de Medio Ambiente son capaces de dar razones convincentes para haber propuesto y aprobado esta medida; sospechamos que las razones son inconfesables: se trata de propiciar la creación de pequeños cotos (segregando terrenos de los cotos de los clubes locales) para que sus titulares hagan un negocio de la caza. Lo dijimos cuando se publicó la Ley, y lo reiteramos ahora con más datos, pues ya hay por ahí alguna que otra empresa de gestión agrícola y ganadera convenciendo a medianos propietarios para que saquen sus tierras de los cotos locales, monten su propio coto y comercialicen la caza.

El colmo de los despropósitos es exigir que para que un coto sea declarado deportivo, el Club que lo titularice deberá estar federado. Al parecer, los señores diputados andaluces no se han leído (o la interpretan a su manera) una Ley Orgánica que se promulgó antes que nuestra dichosa Ley de flora y fauna silvestres: se trata de la Ley 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación. Esta Ley, de rango muy superior a la andaluza, dice en su artículo 2.9: La condición de miembro de una determinada asociación no puede ser, en ningún caso, motivo de favor, de ventaja o de discriminación a ninguna persona por parte de los poderes públicos.

ADECAZA-ANDALUCÍA se dispone a impugnar ese artículo de la Ley 8/2003 ante el Tribunal Contencioso-Administrativo.

Por otra parte, no sabemos cuántos cotos menores de 500 Ha. pertenecen a clubes deportivos federados, pero es de esperar que estos clubes pidan cuentas a la FAC cuando se encuentren con que sus cotos dejan de ser deportivos y, por tanto, no obtendrán esos supuestos beneficios.

Y decimos supuestos porque ni aún así nos salen las cuentas. Hemos tomado al azar uno de nuestros cotos: tiene 1855 Ha., está clasificado en la máxima categoría y pertenece a un Club con 60 cazadores; paga a la Consejería de Medio Ambiente 220 euros y al Ayuntamiento respectivo otros 294 euros. En el supuesto de que el Club estuviera federado, le correspondería una bonificación por parte de la Consejería de 110 euros. Pero dado que la Federación exige (estimamos que ilegalmente) que cada Club le abone 14,5 euros por cada miembro en concepto de Tarjeta Federativa, este Club se ahorraría los mencionados 110 euros, pero debería pagar 870 euros a la Federación Andaluza de Caza. Ahora sólo cabe preguntarse a quién beneficia esta supuesta ayuda a los cotos deportivos.

PERDIZ CON RECLAMO MACHO

En el Decreto 230/2001 se reconocía la caza de perdiz con reclamo macho como una de las modalidades de caza autorizadas en Andalucía; “casualmente”, esta modalidad no aparece en la Orden de 1 de octubre de 2002, que trata de desarrollar determinados aspectos del anterior Decreto. Y en la nueva Ley nada se dice al respecto. La única referencia está en el artículo 35.2.c), que con respecto a la Orden General de Vedas estipula que la Consejería velará para que los periodos hábiles “no se solapen con los periodos de celo...” En virtud de esta redacción, y de los vaivenes que esta modalidad sufre en las diferentes normas, los aficionados se sienten hondamente preocupados por el futuro de esta modalidad, permitida “en los lugares donde sea tradicional” por la Disposición Adicional Séptima de la Ley estatal 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.  Nos parece altamente sospechosa tanta indefinición en la legislación. ¿No estarán mareando la perdiz (y nunca mejor dicho) para prohibir esta modalidad de caza sorpresivamente?

EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA CAZA

Este es otro de los asuntos que no figuraba en el Proyecto de la Ley pero que nos encontramos en la Ley final (Artículo 42). Naturalmente, la creación de este organismo figuraba en el proyecto de Ley de Caza de la FAC y consiguieron “colarlo” en la negociación; dado que en la Ley apenas se define en qué va a consistir y cuáles van a ser sus funciones, no podemos pronunciarnos sobre su utilidad.

Pero nos preguntamos qué competencias va a tener dado que la FAC, en su Proyecto de Ley, tampoco explicaba demasiado. Mucho nos tememos que se trate de montar un nuevo pesebre para que los cazadores tengamos que pagar también el pienso para algunos estómagos agradecidos. Esperemos acontecimientos, pero el rumbo de las cosas y su horizonte empiezan a aclararse cuando sabemos que la FAC está promoviendo en Ayuntamientos de la provincia de Málaga que adopten acuerdos plenarios solicitando que la sede central de ese Instituto se ubique en Archidona. ¿Acaso en la negociación-trapicheo que montaron con la Ley se les prometió que ellos dirigirían el Instituto Andaluz de la Caza? ¿Será la Consejería de Medio Ambiente capaz de meter a la zorra en el gallinero?

VENENOS

Es práctica común en la administración medioambiental culpar siempre a los cazadores cuando se producen episodios de envenenamiento en algún coto; sería absurdo negar que, como en todos los colectivos, entre los cazadores pueda haber desaprensivos e inconscientes que utilicen el veneno para eliminar predadores. Afortunadamente, la concienciación de los cazadores es cada día mayor y la colocación de cebos envenenados es cada vez más rara por parte de éstos, y eso lo sabemos quienes tenemos la responsabilidad de gestionar los cotos.

No obstante, la Ley 8/2003, en su artículo 33.2, establece que el hallazgo de cebos envenenados puede dar lugar a la suspensión inmediata del coto en cuestión. Si seríamos ingenuos que pensábamos que los tiempos habían cambiado y en España ya existía la presunción de inocencia como un derecho fundamental desde al menos 1978, cuando se aprobó la Constitución. Al parecer, para la Junta de Andalucía eso es papel mojado.

Nos encontramos pues con que cualquier desaprensivo que quiera perjudicar seriamente al titular de un coto no tiene más que poner venenos y hacer denuncias anónimas. Algún caso conocemos.

También hemos visto a los agricultores colocar veneno para diezmar a la fauna cinegética con objeto de evitar daños en los cultivos; si los cazadores denunciamos el hecho, y dada la proverbial discreción con que se maneja la administración, el denunciado en cuestión acabará sabiendo quién es el denunciante, con lo que procederá a segregar su finca del coto. Lo peor es que a esto se llega la mayoría de las veces porque desde que los clubes pedimos la autorización para adoptar medidas hasta  que se nos da, pasa el tiempo suficiente como para que los daños sean irreparables.

Por lo demás, ya es bastante sabido que la mayor causa del empobrecimiento y desaparición de la fauna es la destrucción de su hábitat. ¿Por qué no se plantean nuestros gobernantes cambiar el modelo de agricultura? ¿Por qué no se establecen controles mucho más rígidos sobre los venenos que de forma legal se esparcen diariamente por el campo? ¿Por qué productos altamente venenosos que están prohibidos prácticamente en toda Europa siguen comercializándose en España?

Seguramente, la culpa también será de los cazadores.

EL REGLAMENTO

Al parecer, la publicación del Reglamento de Ordenación de la Caza es inminente. Confiábamos en que determinados aspectos de la Ley fueran satisfactoriamente matizados en él, pero después de analizar alguno de sus borradores, e incluso participar proponiendo enmiendas, podemos afirmar que no esperamos gran cosa.

Por otra parte, los aspectos más conflictivos de la Ley son imposible de modificar con una norma de rango inferior. Por lo demás, no hemos observado voluntad política ni siquiera para cambiar algunas cosas conflictivas y relativamente fáciles de regular, como los trámites administrativos para constituir cotos, ampliarlos, cambiarlos de titularidad, etc. Definitivamente, todo son trabas para constituir y modificar cotos por parte de los clubes de cazadores modestos. Evidentemente, los que no son tan modestos encuentran bastantes menos dificultades administrativas.

LA CAZA DE LIEBRES CON GALGOS

Nos llegan noticias de que, al parecer, el grupo político “Los Verdes”, coaligado al PSOE, ha presentado una Proposición No de Ley que insta al gobierno a la prohibición de la caza de liebres con galgos en todo el territorio nacional. Básicamente, los argumentos son que “esta modalidad no está regulada por Ley, que es dañina medioambientalmente debido a que los galgos no distinguen entre sus presas, que los galgueros sólo utilizan estos animales durante dos años, tras los cuales los ahorcan, los abandonan o los arrojan a los pozos...”

Después de leer cosas como estas, a uno se le ocurren muchas cosas que decir sobre alguien que dice tantas tonterías en tan pocas líneas, pero seguro que casi todas resultarían ofensivas, así que mejor será no ponerlas por escrito.

De todas formas, no sabemos si esta iniciativa se la ha tomado alguien en serio, políticamente hablando, o sólo es un globo sonda para tantear la posible respuesta de los cazadores. Pero nosotros sí debemos tomárnosla muy en serio, porque este no es más que otro episodio de los que hemos venido hablando, otra vuelta de tuerca más para irnos arrinconando. Y desde luego, debemos responder, pero no sólo con cartas y firmas enviadas a las instituciones, sino con movilizaciones.

Nos consta que ya la Federación Española de Galgos está tomando algunas iniciativas, pero desde aquí queremos hacer llegar a todo el colectivo galguero que ADECAZA-ANDALUCÍA les ofrece todo su apoyo y solidaridad y les anunciamos que pueden contar con nosotros en cuantas iniciativas emprendan.

A MODO DE RECAPITULACIÓN

Después de todo lo dicho queremos resumir nuestras posiciones lo más sucintamente posible:

1. Creemos que la Ley 8/2003, que regula la caza en Andalucía, si bien ha supuesto un avance en el caos legislativo que hemos venido padeciendo hasta ahora, se fundamenta en premisas políticas que, cubriéndose de una manto “verde” o “ecologista” mal entendido, objetivamente pone los fundamentos para que los clubes de cazadores modestos y sus cotos pasen a la historia en un plazo no demasiado largo. La caza volverá a ser un privilegio de ricos, locales y foráneos y no tardaremos en apreciar el desastre que esto va a suponer para la fauna cinegética, tanto en cantidad como en calidad.
2. En todo su texto, esta Ley sólo habla una vez de fomentar el carácter social y deportivo de la caza: cuando establece el “regalo” del 50% de las tasas a los cotos deportivos (Art. 47.4). Por el contrario, el espíritu y la filosofía de otros artículos desmienten que exista esa voluntad de fomentar el carácter social y deportivo, sino el negocio de los de siempre.
3. Para esos de siempre, hoy como ayer, “todo el campo es suyo”, y nunca mejor dicho. ¿Sabe la Junta de Andalucía cuántos millones ingresan los señores que venden las cacerías? ¿Sabe la Junta de Andalucía cuánto tributan por ello? ¿Sabe la Junta de Andalucía las barbaridades que se cometen en muchos de esos cotos de negocio? Creemos que lo saben todo, pero no hay voluntad política de aplicar las leyes con rigor; sin embargo, no les tiembla el pulso a la hora de sancionar a los cazadores modestos o clausurar sus cotos.
4. Se hace de todo punto imprescindible acometer acciones tendentes a modificar la Ley para que no sea una Ley antisocial y antideportiva, digna de una Comunidad cuyo gobierno dice ser socialista. Fundamentalmente, estableceríamos las modificaciones en los siguientes aspectos:
1. Terrenos libres y Zonas de Caza Controlada.
2. Tamaño de los cotos privados y deportivos.
3. Otras consideraciones hacia los clubes locales de cazadores, tanto en la parte política como en la económica.
4. Derogación del artículo que establece la obligatoriedad de estar federado para titularizar un coto deportivo.
5. Claro establecimiento de las modalidades de caza permitidas.

 Volver a la Página principal